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El reto es transformar las oportunidades de financiamiento verde en inversiones prioritarias para el desarrollo del país.
Marian Buraschi – Socia y Directora de Libélula
América Latina y el Caribe tiene una oportunidad extraordinaria: transformar su riqueza natural y sus necesidades de desarrollo en inversiones que generen crecimiento, empleo y resiliencia. Sin embargo, para aprovecharla debemos cambiar la pregunta: en lugar de concentrarnos en cuánto financiamiento climático falta, ¿qué estamos haciendo para movilizar el que ya existe para abordar lo que es prioritario para nuestro país?
El reciente primer encuentro latinoamericano Finanzas Verdes e Innovación, organizado por el LAC Facility del PNUD y la plataforma LEDS LAC, realizado en Panamá la semana pasada, dejó una reflexión importante: la brecha de financiamiento no es necesariamente de recursos, sino de articulación, capacidades y proyectos preparados para recibir inversión.
Según cifras de la CEPAL, la región requiere inversiones climáticas equivalentes a entre el 3,7% y el 4,9% de su PBI anual hacia 2030, mientras que el financiamiento climático registrado representaba apenas el 0,5%. Esta diferencia exige movilizar más capital, pero también utilizarlo mejor.
No partimos de cero. En Uruguay, el Fondo de Innovación en Energías Renovables (REIF) combina recursos concesionales, créditos bancarios y asistencia técnica. Hasta 2025, con US$5 millones de capital inicial, había aprobado 17 créditos para 15 MYPES de innovación y movilizado una cartera de US$25 millones en inversión privada. En Panamá, instrumentos como los seguros paramétricos y el financiamiento contingente están protegiendo las finanzas públicas y a la población frente a desastres.
Estas experiencias, junto con instrumentos identificados en 12 países latinoamericanos, muestran que no existe una receta única. El desafío es adaptar las soluciones financieras a las necesidades de cada territorio y aprovechar los aprendizajes regionales y el intercambio Sur-Sur para avanzar más rápido.
En este escenario, la banca de desarrollo debe asumir un papel aún más estratégico. No basta con otorgar créditos: necesitamos instituciones capaces de reducir riesgos, ofrecer garantías, atraer capital privado y acompañar la preparación de proyectos. Según un análisis de la OCDE, alrededor del 45% de las interacciones entre bancos nacionales de desarrollo e instituciones internacionales incorpora componentes climáticos o verdes, pero solo cerca del 5% corresponde a apoyo técnico. Ahí existe una oportunidad concreta: invertir más en preparar proyectos y fortalecer la articulación entre actores para ampliar el acceso al financiamiento y multiplicar su impacto.
Para el Perú, esto implica pasar de una lista de necesidades a una cartera de oportunidades de inversión. La seguridad hídrica, la agricultura resiliente, la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza requieren estudios sólidos, modelos de negocio viables, riesgos gestionados y resultados medibles.
Para lograrlo, será fundamental articular al Estado, la banca de desarrollo, las empresas, la cooperación internacional y la inversión extranjera. Identificar programas nacionales estratégicos con carteras de proyectos prioritarios, fortalecer capacidades técnicas y aprovechar instrumentos que atraigan inversión privada permitirá conectar los recursos disponibles con oportunidades que todavía no logran concretarse.
El Perú puede aprender de las experiencias que ya funcionan en la región. Un ejemplo es el Canal de Panamá, que ha invertido alrededor de US$6 millones anuales durante 25 años en la gestión de su cuenca hidrográfica, reconociendo que proteger el agua es también proteger la continuidad de su negocio que genera billones de US$ anuales. ¿Qué oportunidades podríamos generar si incorporamos esta misma visión de largo plazo en nuestras inversiones?
Columna publicada en el Diario Gestión
