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La nueva vía frente a El Niño abre una oportunidad para que cada sector proponga soluciones concretas de prevención, adaptación y protección de los territorios.
Marian Buraschi - Socia y Directora de Libélula
Durante más de quince años, Obras por Impuestos demostró que la capacidad de ejecución privada podía ayudar a cerrar brechas de infraestructura. Hoy el mecanismo alcanza un dinamismo importante: según ProInversión, entre enero y julio de 2026 se adjudicaron 438 intervenciones por S/ 6.702 millones, cuatro veces el monto del mismo periodo de 2025.
Esta capacidad adquiere especial relevancia frente al escenario climático. Según ENFEN, existe una probabilidad de al menos 62% de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.
En este contexto, el Decreto de Urgencia N.° 010-2026 permite a los ministerios aprobar y actualizar listas de servicios para la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente a El Niño mediante Obras por Impuestos. La pregunta es qué soluciones concretas deberíamos poner en esas listas.
MIDAGRI ya priorizó servicios como limpieza de cauces y drenajes, bombeo, estabilización de taludes, movilización de equipos y almacenamiento temporal de agua. Pero otros sectores podrían desarrollar sus propias carteras.
Desde el MINAM, se podrían evaluar servicios de recolección y segregación para evitar que los residuos obstruyan drenajes; logística para asociaciones de recicladores ante emergencias; o mantenimiento de infraestructura natural que contribuya a regular y almacenar agua. Desde el MIDIS, podrían explorarse servicios para mantener operativos comedores populares, Cuna Más y otros servicios esenciales, mediante soluciones preventivas de infraestructura, agua segura y logística.
También existe un frente financiero: evaluar esquemas de garantías que faciliten liquidez a organizaciones y microempresas críticas para la respuesta, por ejemplo, asociaciones de recicladores que necesiten recuperar equipos o mantener operaciones tras lluvias intensas. Estas alternativas requerirían validación normativa, pero muestran el potencial de pasar de un mecanismo a una cartera de soluciones de adaptación.
A ello debería sumarse transferencia de capacidades: capacitación municipal, monitoreo de riesgos, protocolos y tecnología que permanezcan cuando termine la intervención.
Para las empresas, esto va más allá de una herramienta tributaria. Una carretera interrumpida afecta la distribución, la falta de agua compromete operaciones, la vulnerabilidad de proveedores termina trasladándose al negocio. La resiliencia del territorio también forma parte de la resiliencia empresarial.
El éxito, entonces, no debería medirse solo por cuánto se ejecutó, sino por cuánto riesgo se redujo, qué servicios siguieron funcionando y qué pérdidas pudieron evitarse.
Durante años aprendimos que cerrar brechas requiere infraestructura. Hoy tenemos la oportunidad de dar el siguiente paso: ¿qué servicios debemos priorizar para convertir inversión privada en resiliencia para el país?
