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El próximo gobierno deberá anticipar las emergencias, proteger los sistemas esenciales y convertir la preparación climática en una estrategia de inversión y desarrollo territorial.
Marian Buraschi - Socia y Directora de Libélula
Todo nuevo gobierno necesita tiempo para instalarse. Esta vez, el clima no se lo concederá. La nueva gestión comenzará el 28 de julio y sus primeros 90 días coincidirán con la temporada de lluvias y el periodo de mayor riesgo asociado a El Niño.
Esos 90 días deben servir para proteger la continuidad económica del país desde tres prioridades.
La primera es gobernar el riesgo antes de administrar la emergencia. Antes del día 30, el Ejecutivo debería contar con un mapa de amenazas climáticas e infraestructura crítica para definir qué puentes, carreteras, rutas fluviales, plantas de agua y hospitales no pueden fallar.
Cada activo crítico debe tener un responsable, presupuesto y un plan de contingencia. Si una cuenca entra en alerta o una localidad puede quedar aislada, la respuesta debe empezar antes del corte, con recursos y coordinación entre el Gobierno nacional, regiones y municipios.
La segunda prioridad es proteger los sistemas que sostienen la vida y la economía. El país debe prepararse para emergencias simultáneas: inundaciones, estrés hídrico, sequías e incendios, interrupciones viales, brotes sanitarios y desplazamientos.
Antes del día 60 deberían estar definidos almacenes de alimentos y medicinas, centros de frío con energía de respaldo, rutas alternativas, albergues y hospitales con autonomía de agua y electricidad.
La seguridad alimentaria abarca producción, transporte, almacenamiento y refrigeración. Proteger la agroexportación exige asegurar agua, sanidad de cultivos, carreteras, puertos, seguros y capital de trabajo. Una vía paralizada puede elevar precios y hacer perder una ventana de exportación.
La seguridad energética también exige anticipación. Frente a una posible reducción de la generación hidroeléctrica, el reto inmediato no es construir nueva infraestructura, sino asegurar el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico y reducir el impacto sobre los costos de la energía.
La tercera prioridad es convertir la preparación en empleo e inversión territorial. Se puede comenzar rápido el mantenimiento de drenajes, canales y caminos; la recuperación de riberas; los cortafuegos; los sistemas solares y el acondicionamiento de almacenes.
Agricultura y pesca concentran empleos vulnerables al clima: una sequía, inundación o cambio en las especies puede comprometer una campaña. Seguros, créditos y acceso a compras públicas deben habilitarse antes del impacto, para sostener ingresos y abastecimiento.
Al día 90, el Gobierno debería presentar una cartera de seguridad hídrica, infraestructura verde, energías renovables, logística resiliente y economía circular, con proyectos maduros y financiamiento. Un pacto público-privado será útil si compromete inversión, información y compras.
El próximo gobierno no debería ser evaluado por cuántos planes anuncie, sino por lo que deje planificado y activado al día 90: infraestructura crítica protegida, sistemas esenciales fortalecidos y una cartera de proyectos lista para ejecutarse.
La verdadera medida del próximo gobierno no será cuánto anuncie, sino cuánto deje preparado para enfrentar el futuro. La pregunta es simple: ¿queremos seguir administrando emergencias o empezar a construir resiliencia y desarrollo?
