Por Alicia Ruiz, consultora en finanzas climáticas para el Proyecto Decarboost; Adriana Bazán Fuster, Climate Finance Sr. Associate en CCAP
Julio 2021
Sin duda alguna, el cambio climático está afectando a Latinoamérica y el Caribe, una región de suma importancia en términos de capital natural global y servicios ecosistémicos. El COVID19 ha puesto en perspectiva la escala y profundidad de los impactos de un evento sistémico, lo cual ha llevado a analizar cuáles serían las consecuencias de no tomar medidas proactivas, tales como planificar a largo plazo la transformación de nuestras economías en una trayectoria hacia el cero carbono y resiliente al clima.
El BID estima que Latinoamérica y el Caribe fue duramente golpeada por COVID-19. La caída de 7.4% del PIB en 2020 fue la mayor de la que se tiene registro en un solo año. Se perdieron 26 millones de empleos y se espera que la pobreza (extrema y moderada) aumente en unos 5 puntos porcentuales de la población. El crecimiento en 2021 podría ser de tan solo 0.8% si se retrasan los esfuerzos de vacunación o las mutaciones del virus resultan ser resistentes a las vacunas.
A nivel mundial, la petición de actores conscientes de la oportunidad de abordar los problemas del cambio climático en sinergia con las estrategias nacionales de recuperación de COVID19, defienden que la reactivación de las economías que consideran la descarbonización y la resiliencia al cambio climático generará empleos sostenibles, movilizará la inversión privada al mismo tiempo que se resolverán las fragilidades estructurales, como las deficiencias en materia de infraestructura, la inclusión financiera, la igualdad de género, la pérdida de diversidad biológica, etc.
Las inversiones en infraestructura productiva para el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el saneamiento son una prioridad, y existe la posibilidad de incorporar medidas de reducción de las emisiones de carbono y de resiliencia para garantizar un gasto público rentable a largo plazo, lo que requiere la participación del sector privado.
La bioeconomía y las Soluciones Basadas en Naturaleza (SbN) ofrecen una oportunidad para usar sosteniblemente los recursos naturales, creando al mismo tiempo crecimiento económico. En su informe Futuros mundiales, WWF expresa que si el mundo adopta una vía de desarrollo más sostenible y salvaguarda las áreas que son importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (incluido el almacenamiento de carbono), el PIB mundial anual sería un 0.02% más alto (USD 11.000 millones) para 2050 que en un escenario de referencia sin cambios en los servicios de los ecosistemas; generando una ganancia neta anual de USD 490.000 millones por año en comparación con el escenario Business as Usual (BAU, por sus siglas en inglés).
La transformación de la inversión hacia la resiliencia y la descarbonización debe provenir primero de los gastos gubernamentales, tanto de capital como de gastos recurrentes. Según el Banco Mundial, las compras públicas representan en promedio entre el 13 y el 20% del PIB mundial. Según la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), el promedio de Latinoamérica y El Caribe se sitúa entre el 10% y el 15% del PIB en 2011 —según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, en 2017 alcanzó alrededor del 17.4% del total del gasto del gobierno—. Algunos países están haciendo esfuerzos para integrar criterios de sostenibilidad en sus instrumentos de Latinoamérica y El Caribe y en las prioridades de las adquisiciones que pueden tener un impacto positivo en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo revela que la descarbonización en Latinoamérica y El Caribe puede crear 15 millones de empleos netos para 2030 en sectores como la agricultura sostenible, la construcción y las energías renovables. Asimismo, traerá nuevas inversiones, descongestionará el tráfico en las ciudades y promoverá la movilidad eléctrica, aumentará la competitividad, la calidad del aire y la calidad de vida de las personas. La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) estima que la intensidad de mano de obra para la transición energética —energías renovables, eficiencia y flexibilidad— será la más alta de Latinoamérica y El Caribe, creando hasta 30 puestos de trabajo por cada millón de USD invertidos.
Las políticas industriales orientadas al futuro son más importantes que nunca para transformar las estructuras productivas hacia industrias verdes. Como expresa la IRENA: «sobre todo en los países en desarrollo que carecen de capacidades preexistentes en estas áreas, donde las fuerzas del mercado pueden perjudicar los resultados óptimos de bienestar y donde las tendencias más amplias de las políticas de lucha contra la pobreza y de recuperación han favorecido durante mucho tiempo los empleos de consumo sobre los de producción».
Los países de Latinoamérica y el Caribe siguen dependiendo de alguna manera de los combustibles fósiles, con el riesgo de convertirse en activos varados. Latinoamérica y El Caribe es también una región que depende de los productos básicos agrícolas que son particularmente vulnerables a las variaciones climáticas. En ese sentido, las políticas industriales impulsadas por la innovación y la evolución de la cadena de valor dependen de las instituciones públicas, incentivando a las empresas para que realicen actividades de investigación y desarrollo, certificación de calidad, establecimiento de normas, incubación, transferencia de tecnología y difusión. La IRENA también señala que Latinoamérica y El Caribe representan el 5% de las necesidades de inversión anual para el despliegue de las energías renovables y la eficiencia energética.
La aplicación de nuevas directrices —incluidos criterios, principios e indicadores— para promover las inversiones ecológicas es también otra forma de fomentar las inversiones en materia de carbono cero y de resiliencia en Latinoamérica y El Caribe, algunas de estas referencias son las del Green Climate Fund, Unión Europea, International Capital Market Association, Green Investment Group, Foro Económico Mundial, etc.
La fijación de precios al carbono ha sido reconocida como un instrumento de política que debe aplicarse en todo el mundo para tener un impacto significativo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, tener un efecto positivo en el desarrollo sostenible. Según el Banco Mundial, para 2021 existen 64 iniciativas de fijación de precios al carbono que representan el 21.7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que aumentaron en más de USD 53.000 millones. Los países de Latinoamérica y El Caribe están en el proceso de diseño e implementación de mecanismos tales como impuestos al carbono y programas de compensación/compensación, a nivel nacional con casos en México, Chile, Brasil, Colombia, Argentina; y a nivel subnacional como Baja California, Jalisco, Tamaulipas y Zacatecas.
Los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe están poniendo mucho empeño en reflejar una mayor ambición en sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), en formular sólidas Estrategias a Largo Plazo (Long Term strategies, LTS, por sus siglas en inglés) y en actualizar sus instrumentos de política climática interna. Los planes de desarrollo de los países con cero emisiones de carbono y con capacidad de recuperación ya están dando pruebas de los futuros beneficios económicos y financieros. Sin embargo, un obstáculo importante es cómo traducir esas visiones de política en vehículos de inversión que reorienten los recursos públicos y privados hacia proyectos y programas alineados con esos instrumentos. Según la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN por sus siglas en inglés), hay muchos desafíos en las inversiones de carbono cero y de resiliencia, como las externalidades y los bienes públicos, las imperfecciones de los mercados financieros, las tecnologías nuevas y no probadas, las asimetrías de la información, los fallos de comportamiento, las economías de escala, los marcos de políticas, el riesgo reglamentario, entre otros. Todos ellos se despliegan de manera diferente entre los sectores dentro del contexto de cada país.
El proceso de recuperación está ciertamente dirigido por los gobiernos, pero los recursos públicos internos —ya disminuidos por la disminución de la recaudación de impuestos y los gastos masivos— no bastarán para hacer frente a los desafíos que exige una recuperación económica verde. Muchos planes de recuperación están demostrando que el enfoque verde no es todavía una prioridad tangible, como señaló el Climate Action Tracker (CAT). La transformación estructural requiere cambios en las políticas estructurales y en los lugares donde se realizan las inversiones. En otras palabras, se necesita más que nunca la colaboración con los agentes gubernamentales, el sector privado, las instituciones financieras y los ciudadanos.
Estos son algunos de los factores que marcarán los escenarios y tendencias de la descarbonización para la región, y que marcarán la posibilidad de promover las inversiones bajas en carbono hacia emisiones cero al 2050. Por lo cual, es importante entender qué es la descarbonización, cuáles son los beneficios de crear políticas públicas de largo plazo dirigidas a lograr la carbono neutralidad en Latinoamérica y El Caribe; pero sobre todo de saber cómo desarrollar, planificar, comunicar, y financiar este nuevo escenario de desarrollo económico que sin duda alguna requiere del esfuerzo de varios actores, tanto del sector público como del sector privado.
