Por: Pia Zevallos – Gerente General de Libélula
Un reciente estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, indica que el 43% del portafolio del sistema financiero peruano está expuesto a eventos climáticos. Cada vez somos más conscientes del impacto ambiental y social de las actividades humanas. Frente a ello, adoptar prácticas financieras sostenibles se ha convertido en una prioridad de competitividad, rentabilidad y protección del valor de una empresa. El Perú, país megadiverso, altamente vulnerable, con altísimo potencial para las energías renovables y baja productividad, tiene mucho que ganar con las finanzas verdes.
Según el informe «Estado del mercado de la deuda sostenible de América Latina y el Caribe 2022», la ‘deuda verde’ ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un valor de más de 42.4 mil millones de dólares. Este crecimiento refleja el interés cada vez mayor de los inversores en canalizar sus recursos hacia proyectos y empresas que promuevan la sostenibilidad; pero se encuentra frenado por la falta de estandarización y/o definición de lo que se entiende como “verde”.
En este contexto ¿cómo identificar y migrar aceleradamente hacia inversiones más sostenibles o con menor exposición al cambio climático? Las Taxonomías de Finanzas Verdes son herramientas para lograrlo. Estas pueden ser nacionales, regionales o sectoriales, y clasifican las inversiones que promueven la sostenibilidad ambiental. Se basan, en su mayoría, en un sistema desarrollado por la Unión Europea para identificar, de forma transparente, actividades e inversiones sostenibles.
El gobierno del Perú está desarrollando su propia Taxonomía de Finanzas Verdes, que junto con la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, una de las primeras de la región, buscan facilitar la movilización de inversiones por hasta 2 mil millones de dólares al 2025 hacia acciones coherentes frente a la lucha contra el cambio climático.
A pesar de los beneficios evidentes, la implementación de una taxonomía enfrenta desafíos significativos, como la necesidad de coordinación para garantizar coherencia e interoperabilidad de los sistemas de clasificación. Además, el cumplimiento y la evaluación del impacto de las inversiones clasificadas como sostenibles son fundamentales para evitar el greenwashing y promover la integridad del mercado, al mismo tiempo que se da predictibilidad a las inversiones y se eliminan trabas burocráticas.
La estandarización y transparencia del lenguaje relacionado con las finanzas sostenibles son pasos esenciales para fomentar la confianza y acelerar el progreso. Tenemos la oportunidad de identificar una senda de inversión viable y alineada a los objetivos de descarbonización y adaptación al cambio climático. Es imperativo para las empresas alinearse a las tendencias globales evaluando el nivel de exposición de su portafolio ante los riesgos climáticos y ambientales.
