Pia Zevallos - Gerente General de Libélula
En un contexto de creciente urgencia por frenar el cambio climático y sus impactos negativos en las personas, las economías y el planeta, la divulgación climática empresarial – liderada por la Unión Europea – está pasando de ser una acción voluntaria para mejorar las relaciones con inversionistas a ser una obligación legal en varios países. La regulación climática europea busca influir en toda la cadena de valor global, impactando así a las empresas en Latinoamérica.
Como paso inicial, las nuevas normas europeas exigen a las empresas reportar la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, en algunos casos se exigirá que las organizaciones privadas sean transparentes con sus planes de transición climática, que son las metas progresivas en reducción de emisiones y las acciones que se realizarán para lograrlas.
Actualmente, las regulaciones europeas de divulgación con mayor relevancia para las empresas latinoamericanas son:
El Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), establece que las empresas que importan bienes deberán notificar las emisiones de GEI generadas directa o indirectamente. Actualmente se exige solo reportar emisiones, y a partir de enero del 2026, se tendrá que pagar un impuesto sobre estas emisiones.
La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), entra en vigor en 2025 y presenta un enfoque en transparencia de reporte para toda la cadena de valor, usando las Normas Europeas para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad (ESRS).
La Ley Europea de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro (CSDDD o CS3D) presenta un enfoque en los riesgos climáticos de los proveedores y entrará en vigor en el 2027.
El reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR), aplica a los productos asociados con la deforestación y entrará en vigor a finales de 2025.
En el informe “Cumplimiento y Sostenibilidad: Impacto de la Legislación Europea en Latinoamérica,” realizado este año por el Global Reporting Initiative (GRI) y nueve estudios de abogados en Latinoamérica, se identificó que en general la normativa regional no está alineada con las exigencias de los mercados internacionales, por lo tanto las empresas aún no están preparadas para aplicar estos cambios a sus procesos de divulgación. Adecuarse a ellos requiere una inversión de tiempo y recursos, una acción retadora para las pymes, que representan el 99.5% de las empresas en Latinoamérica, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En este contexto de regulación climática, es esencial que las áreas legales y de sostenibilidad puedan trabajar con mayor colaboración, según recomienda el informe del GRI. La mayoría de los abogados carecen de capacitación en materia de sostenibilidad y los profesionales de sostenibilidad requieren mayor orientación legal para evitar riesgos regulatorios en las acciones y comunicaciones climáticas. Las grandes empresas también deben apoyar a las pymes en su cadena de suministro en este proceso.
Conocer y comunicar las emisiones GEI de la empresa, sus planes para reducirlas y cómo gestiona los riesgos climáticos no es solamente un ejercicio regulatorio, es una estrategia de competitividad y resiliencia, porque permite mantenerlas en vigencia en la economía global ante consumidores cada vez más preocupados por la sostenibilidad.
Publicado en Diario Gestión
